El pasado 23 de diciembre de 2020 se declaró la emergencia climática en Bogotá D.C., entendida como el estado de cosas permanente e irreversible, derivado de variaciones continuas en las condiciones y propiedades del clima, las cuales ponen en situación de alta vulnerabilidad a la población en su conjunto.
De conformidad con lo señalado por el Concejo de Bogotá dicho estado de cosas requiere de acciones urgentes en materia de adaptación y mitigación por lo que plantea los siguientes propósitos fundamentales:
Reducir la vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas del Distrito, frente a los efectos de la emergencia.
Fortalecer las capacidades orientadas a reducir las emisiones de gases efecto invernadero.
Profundizar en la transición de los combustibles fósiles hacia energías renovables.
Aumentar la resiliencia y capacidad de adaptación ante los inminentes efectos de la crisis climática global en el Distrito Capital.
Avanzar hacia una gobernanza y justicia climática en lo local, regional, nacional y global.
A su vez esta disposición jurídica incorporó diez mandatos dirigidos a la Alcaldía Mayor, los cuales se establecen para un período de 10 años, a saber:
Ordenamiento territorial alrededor del agua y los socioecosistemas, el cual exige entre otras cuestiones que el Distrito desarrolle e implemente una Política Integral de Uso del Agua desde un enfoque de recirculación y reutilización.
Protección de la Estructura Ecológica Principal y la biodiversidad, mandato concentrado en la recuperación de servicios ecosistémicos, áreas protegidas y fortalecimiento de las ventajas territoriales frente al cambio climático.
Soberanía y seguridad alimentaria, dentro del cual se encuentra la tarea en cabeza del Distrito de gestionar la creación de la Zona de Reserva Campesina de Sumapaz, así como promover y apoyar la conformación de huertas orgánicas y sistemas de alimentación en edificaciones y espacios abiertos de zonas urbanas y rurales.
Transición energética y reducción de gases efecto invernadero, mandato dentro del cual se establece la prohibición a partir del 1 de enero de 2022 de adquisición de flota de transporte público que empleen combustibles fósiles. Así mismo, dentro de las acciones estratégicas en el uso de energía, se definió la necesidad de estructurar una estrategia para fomentar el desarrollo de infraestructura energética descentralizada con base en energías renovables. Y desde las acciones estratégicas para el inventario de gases efecto invernadero, se exigió la actualización del inventario de gases efecto invernadero de la ciudad, labor que debe repetirse cada 4 años, información que servirá para definir las metas anuales a nivel ciudad.
Prevención y atención por riesgos en salud en cambio climático, dentro del cual se adoptó la celebración del “Día Distrital Sin Consumo de Carne”.
Gestión integral de residuos con inclusión social para la crisis climática, constituyéndose en otro instrumento más de planeación que establece obligaciones de reducción, reutilización, reciclaje, transformación y reutilización de residuos sólidos urbanos, perpetuando a simple vista la existencia del Relleno Sanitario Doña Juana.
Economía solidaria, resiliente y trabajo decente con financiación de proyectos relacionados con estos esquemas, concentrado igualmente en la generación de incentivos para promover la contratación y compras públicas a empresas responsables en el contexto de la crisis climática.
Educación y participación para una nueva ética ambiental fortaleciendo la participación ciudadana, la rendición de cuentas y los procesos de formación, entre otros.
Innovación científica y democratización del conocimiento, concentrada en garantizar la calidad de la información climática de la ciudad.
Ecourbanismo y construcción sostenible para un territorio resiliente que se adapta y mitiga el cambio climático, reforzando acciones en torno a la Política Pública existente de Ecourbanismo y Construcción Sostenible de Bogotá.
Respecto a esta estrategia resulta paradójico, de conformidad con los avances de la regulación en torno al cambio climático en el orden internacional, que no se hallan establecido exigencias particulares en cabeza del sector privado, para quienes únicamente se definió que se creará un programa distrital de financiamiento para pequeñas y medianas empresas que implementen tecnologías de reducción de emisiones, así como incentivos tributarios y financieros a la implementación de energías limpias; igualmente se espera vincular a los privados en un pacto de ciudad para la implementación de propuestas de reducción de residuos a gran escala, pero sin que estas dos acciones representen exigencias formales en cabeza de la industria contaminante.
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